COPPPAL condena persecución política a Ernesto Ruffo Appel

Por: Redacción | 29 de julio de 2026, 11:20 am CST

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) condenó la instrumentalización política de las instituciones de justicia en México y expresó su solidaridad con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tras calificar el proceso penal en su contra como un acto de intimidación hacia la oposición democrática.

Mediante una declaración internacional emitida el 28 de julio de 2026 en la Ciudad de México y firmada por su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, el organismo multilateral señaló que las acciones emprendidas contra el primer gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) vulneran la presunción de inocencia y se desarrollan en un contexto de creciente polarización nacional.

La organización partidista advirtió que someter a un juicio de esta naturaleza a un personaje emblemático de la transición democrática mexicana constituye un intento por desacreditar adversarios políticos y distraer la atención pública de los problemas fundamentales del país, afectando la estabilidad de las instituciones.

Al fijar su postura, la cúpula regional subrayó que el respeto irrestricto al debido proceso, la independencia judicial y la presunción de inocencia representan principios insustituibles en cualquier régimen democrático, por lo que resulta indispensable evitar que el aparato jurisdiccional sea utilizado como un arma de confrontación partidista.

Acciones en foros internacionales

En respuesta a estas irregularidades, la COPPPAL anunció que mantendrá un seguimiento permanente sobre el caso y promoverá su análisis en los principales escenarios políticos regionales, interponiendo denuncias en foros internacionales para alertar sobre eventuales retrocesos en materia de Estado de Derecho y libertades políticas.

El documento institucional sostiene que la democracia no puede prevalecer cuando la impartición de justicia pierde su imparcialidad y degenera en prácticas de guerra jurídica o judicialización de la política, orientadas a neutralizar liderazgos opositores.

La pronunciación contó con la firma de la secretaria ejecutiva del organismo, Sofía Carvajal Isunza, así como de vicepresidentes regionales de agrupaciones políticas del continente, entre los que figuran representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Unión Cívica Radical de Argentina y el Partido Liberación Nacional de Costa Rica.


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