El diputado federal Rubén Moreira advirtió este miércoles que el proyecto para modificar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representa un riesgo para la libertad de expresión en el país, al otorgar facultades extraordinarias a una autoridad administrativa para supervisar y sancionar contenidos informativos.
A través de un posicionamiento emitido desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador señaló que la propuesta atenta contra el principio de independencia de los medios de comunicación al habilitar a instancias gubernamentales para determinar qué informaciones pueden catalogarse como falsas, descontextualizadas o incorrectas, asumiendo un rol de arbitraje sobre la veracidad del debate público.
El representante parlamentario enfatizó que el nuevo marco normativo pretende intervenir en la elaboración y aplicación de los códigos de ética, los cuales deben operar bajo un esquema estricto de autorregulación profesional. Según el análisis expuesto, la fiscalización estatal sobre estos instrumentos contraviene las prácticas internacionales en materia de garantías para el ejercicio periodístico.
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Intervención en las defensorías de las audiencias
Asimismo, la postura legislativa alertó sobre la pérdida de autonomía de las defensorías de las audiencias, figuras diseñadas originalmente como canales de interlocución independiente entre la ciudadanía y las concesionarias de radiodifusión y telecomunicaciones. La reforma abre la posibilidad de que una autoridad revise de manera directa las determinaciones de estos defensores.
En materia de responsabilidades, el pronunciamiento advirtió que el establecimiento de sanciones desproporcionadas y la apertura de procedimientos de queja administrativos podrían ser instrumentalizados como mecanismos de presión indirecta contra comunicadores, periodistas y empresas del sector audiovisual.
El posicionamiento del legislador refirió que las observaciones planteadas recogen las inquietudes expresadas por analistas, dueños de medios de comunicación, organizaciones de periodistas e integrantes del Poder Judicial, quienes han advertido sobre la acumulación de facultades regulatorias en el Poder Ejecutivo.
Finalmente, Moreira sostuvo que la defensa del derecho a la información y el pluralismo informativo resulta indispensable para la vigencia del Estado de Derecho, e instó a frenar cualquier intento de control normativo que suprima la crítica pública o la libertad de disentir en el espacio mediático nacional.
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