El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Diabetes Mellitus, así como a instar a los institutos de seguridad social a garantizar el abasto oportuno de medicamentos e insumos de monitoreo glucémico.
La proposición formal solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al sistema IMSS-Bienestar reforzar los programas de control clínico y prevenir complicaciones graves asociadas a la diabetes mellitus tipo 2, tales como la insuficiencia renal, la retinopatía diabética, padecimientos cardiovasculares y amputaciones.
Al fundamentar la iniciativa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador coahuilense refirió datos presentados el pasado 4 de julio en el marco de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), los cuales señalan que aproximadamente uno de cada cinco adultos en el país vive con esta condición, lo que refleja la magnitud de la epidemia.
Impacto epidemiológico y financiero
De acuerdo con los diagnósticos citados por el legislador y elaborados por el Instituto Nacional de Salud Pública, la epidemia de obesidad se mantiene como el principal motor del crecimiento de la diabetes tipo 2, al inducir la resistencia a la insulina y acelerar el desarrollo de la enfermedad cuando no existen intervenciones preventivas oportunas.
Moreira Valdez subrayó que la atención de este padecimiento y sus consecuencias médicas absorbe anualmente miles de millones de pesos de los presupuestos asignados al IMSS, ISSSTE y a los servicios públicos de salud, afectando la sustentabilidad de las finanzas sanitarias.
Asimismo, el líder de la bancada priista advirtió que la falta de disponibilidad de insumos en el sector público traslada la carga económica a las familias mexicanas, las cuales deben asumir gastos adicionales en transporte, alimentación especializada y compra directa de tratamientos.
Finalmente, el legislador sostuvo que el derecho a la protección de la salud debe traducirse en políticas públicas preventivas y centradas en las personas, por lo que insistió en la necesidad de desplegar campañas permanentes de promoción de hábitos saludables, activación física y diagnóstico oportuno en las poblaciones con mayor riesgo.
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