La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Rentas Justas, un proyecto legislativo enfocado en topar el incremento de los alquileres al índice de inflación y frenar el desplazamiento poblacional derivado de la gentrificación.
El proyecto busca elevar a rango constitucional la regulación sobre los costos de arrendamiento en la capital, donde actualmente más de dos millones de habitantes viven en inmuebles rentados, cifra que equivale a una de cada cuatro personas en la entidad.
Entre sus planteamientos centrales, el ordenamiento contempla la creación de una nueva institución pública especializada que actuará como órgano defensor y árbitro entre inquilinos y arrendadores para dirimir controversias contractuales.
Asimismo, la propuesta legal reconoce el derecho al arraigo vecinal para mitigar la expulsión de familias hacia las periferias urbanas, fenómeno acentuado por el incremento en el costo del alquiler, el cual duplicó su valor durante la última década.
Proceso legislativo y reserva inmobiliaria
En el rubro de infraestructura y planeación urbana, el texto plantea la obligación gubernamental de ampliar la reserva de terrenos públicos y fortalecer la edificación de viviendas asequibles, mediante la ejecución de políticas integrales de oferta habitacional.
Pese al envío del paquete de reformas, el desahogo del proyecto en las comisiones del órgano legislativo prevé un proceso de dictaminación que podría extenderse hasta septiembre de 2026, a lo que se sumará la promulgación y el periodo de adaptación reglamentario, por lo que la norma no tendrá un impacto operativo inmediato durante el presente ejercicio.
Analistas en materia urbana señalan que la viabilidad del tope inflacionario dependerá de la capacidad institucional para supervisar el mercado sin incentivar el traslado de contratos hacia esquemas de informalidad.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.