El Ejecutivo federal alista un decreto y reformas legales para fortalecer las obligaciones de transparencia en las instituciones públicas e impedir que las autoridades puedan reservar información bajo criterios propios, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo precisó que la propuesta busca asentar en la legislación el principio de apertura predeterminada, con el objetivo de garantizar que la documentación gubernamental sea pública y no dependa de las decisiones unilaterales de cada dependencia.
De acuerdo con la mandataria, el resguardo de información oficial únicamente tendrá sustento legal cuando existan investigaciones judiciales en curso o se trate de asuntos de seguridad nacional, considerados como las dos excepciones operativas a esta política general.
La medida forma parte de una revisión integral al marco normativo sobre el acceso a la información pública, planteada tras las modificaciones institucionales promovidas por la administración federal en el esquema de supervisión y vigilancia de los organismos autónomos.
Sheinbaum explicó que las distintas dependencias avanzan en la redacción de los proyectos normativos, por lo que posteriormente se definirá si las iniciativas se enviarán de forma conjunta, individual o impulsadas directamente desde el Ejecutivo.
Con este ajuste reglamentario, el gobierno federal busca homologar los criterios de rendición de cuentas e impedir vacíos legales que permitan el ocultamiento de datos en el ejercicio de la función pública.
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