La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido someterá a más de 20 mil aspirantes a candidaturas para el proceso electoral de 2027 a una revisión exhaustiva que incluirá el escrutinio directo del Gabinete de Seguridad federal.
El mecanismo de control, diseñado en respuesta al incremento de perfiles interesados en abanderar al partido, operará mediante la remisión de expedientes partidistas a las instituciones de inteligencia y seguridad del gobierno federal antes de concretar su registro formal.
Actualmente, la Comisión Nacional de Elecciones ejecuta una primera fase de evaluación documental, tras la cual los datos de los aspirantes serán cotejados con las bases del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Montiel Reyes detalló que este esquema de validación también verificará la existencia de posibles señalamientos por violencia contra las mujeres y violencia política de género, subrayando que las consultas se realizarán dentro del marco de las facultades de cada dependencia.
Procesos judiciales y cooperación binacional
Cuestionada sobre los procedimientos judiciales en curso contra figuras de la oposición, la dirigente partidista rechazó que la investigación contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos vinculados al contrabando de combustible, constituya un acto de persecución política.
En este contexto, la líder morenista reconoció que existen indagatorias recientes, como la Operación Enjambre, donde funcionarios de diversas extracciones han sido señalados por las autoridades, asegurando que su partido no encubrirá acciones ilícitas de sus propios integrantes.
Respecto a la agenda de seguridad internacional y la sentencia a cadena perpetua dictada en Estados Unidos contra Ismael «El Mayo» Zambada, Montiel Reyes fijó la postura oficial del partido frente al actuar de las agencias extranjeras bajo la premisa de «cooperación sí, injerencismo no».
La implementación de estos filtros institucionales representa un despliegue logístico inédito frente a la disputa de 17 gubernaturas, la renovación legislativa y miles de cargos locales, evidenciando la necesidad del partido oficialista de establecer barreras ante posibles riesgos de infiltración delictiva en sus estructuras políticas.
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