El diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una estrategia legislativa para modificar la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, proponiendo su votación en cuatro bloques temáticos independientes. El objetivo de la reforma es evitar la parálisis en la Cámara de Diputados y lograr consensos parciales entre bancadas.
La iniciativa plantea dividir el dictamen en apartados específicos: deuda pública, programas sociales, infraestructura y requerimientos del sector público. Esta metodología parlamentaria busca erradicar las sesiones continuas de debate y reducir la presentación masiva de reservas legislativas.
Complementariamente, el legislador ingresará una propuesta ante la Comisión Permanente para reformar los criterios estadísticos de asignación presupuestal. El documento establecerá la obligatoriedad técnica de utilizar los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para distribuir recursos federales a los 2,500 municipios.
Criterios estadísticos del gasto público
Aunque la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública ya contempla fórmulas de participación, la nueva propuesta obligaría a priorizar problemáticas focalizadas. El mecanismo técnico canalizará fondos según los reportes de estrés hídrico, marginación o incidencia delictiva detectados en cada región.
La propuesta de votación diferenciada se mantiene bajo análisis en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública desde su ingreso formal al proceso legislativo. Abramo Masso adelantó que cabildeará el proyecto en la Junta de Coordinación Política durante agosto para calendarizar su discusión plenaria.
En paralelo a la discusión económica, el diputado confirmó la existencia de un predictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público para regular tarifas médicas. Este documento técnico cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda.
El proyecto legislativo integral establecerá normativas operativas para los seguros de gastos médicos mayores y hospitales privados en el país. El dictamen consolidó propuestas de diversas fracciones parlamentarias para frenar prácticas monopólicas en el sector de salud privado.
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