Un informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en conjunto con INTERPOL y ECPAT International, reveló que 20 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años fueron víctimas de abuso y explotación sexual infantil facilitados por la tecnología en un período de doce meses. La investigación, realizada en 21 países, sitúa a América Latina y el Caribe con un registro donde el 18% de los usuarios adolescentes en entornos digitales experimentó alguna modalidad de violencia o chantaje en redes sociales.
El documento, titulado Through Children’s Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse, analiza el impacto de herramientas digitales en la facilitación de delitos que vulneran los derechos fundamentales de la infancia. De acuerdo con las instituciones participantes, la incidencia abarca prácticas como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la sextorsión o chantaje sexual, el grooming y la generación de material explícito manipulado mediante inteligencia artificial y datos.
Al respecto, Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, señaló que más de la mitad de las agresiones se ejecutan dentro de aplicaciones y redes sociales de uso extendido, siendo en múltiples casos perpetradas por miembros del entorno cercano o conocidos de las víctimas. El funcionario subrayó que la ausencia de denuncias formales —consecuencia del impacto en la salud mental y el temor a la estigmatización— impide dimensionar con exactitud la escala del problema ante las autoridades correspondientes.
Vacíos en regulación y brechas de seguridad
En el ámbito internacional, instituciones dedicadas a la protección de la infancia registraron un incremento sustancial en reportes vinculados a entornos digitales. Datos presentados por el Childlight Global Child Safety Institute indican que las incidencias atendidas por organismos especializados en la materia pasaron de 4,700 a más de 67,000 casos en periodos recientes, reflejando el acelerado crecimiento de la problemática ante la falta de controles estrictos de verificación e identidad en las plataformas corporativas.
Por su parte, representantes del Consejo de Acción Adolescente y Juvenil de la Oficina Regional de UNICEF hicieron un llamado a los gobiernos y al sector privado para fijar límites de edad efectiva, implementar protocolos de respuesta inmediata ante incidentes y restringir el procesamiento no autorizado de datos personales. Las demandas enfatizan la responsabilidad que recae en las corporaciones de software y telecomunicaciones al diseñar herramientas interactivas sin las debidas salvaguardas operativas.
Frente a este escenario, los organismos internacionales instan a los Estados a adecuar sus marcos normativos en materia de ciberseguridad, así como a garantizar presupuestos para el fortalecimiento de los sistemas de protección social y justicia. Asimismo, subrayan la necesidad de coordinar acciones entre el sector público, el ámbito educativo y las familias para articular esquemas de prevención y acompañamiento integral a las víctimas.
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