La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, urgió a las instituciones de procuración de justicia a iniciar investigaciones independientes tras las recientes declaraciones de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) sobre presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales.
Durante una comparecencia ante medios de comunicación, la legisladora señaló que las acusaciones sobre la conexión sistemática entre redes de cárteles y el gobierno no deben minimizarse ni atribuirse exclusivamente a motivaciones políticas, enfatizando la necesidad de esclarecer el estatus de servidores públicos en entidades como Baja California y Sinaloa.
El exhorto ocurre en el contexto de la decisión de Estados Unidos de clasificar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, medida que incrementa la presión jurídica y financiera sobre la relación bilateral.
En el ámbito operativo, la diputada federal cuestionó las decisiones procedimentales de la Fiscalía General de la República respecto a la devolución a autoridades estadounidenses del piloto que trasladó a Ismael Zambada, advirtiendo que evitar el encubrimiento es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano.
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Pronunciamiento bilateral y agenda legislativa
Paralelamente, los grupos parlamentarios trabajan en la construcción de un acuerdo por unanimidad en el Congreso de la Unión para emitir una postura institucional que exija la protección de los derechos humanos y la vida de los connacionales, tras el asesinato de un ciudadano mexicano en Houston, Texas.
Respecto a la iniciativa en materia de feminicidio propuesta por el Ejecutivo federal, López Rabadán adelantó la disposición para analizar y respaldar el documento. Sin embargo, contrastó el marco legal con la impunidad exhibida por un exdirector de Petróleos Mexicanos en un caso de violencia de género documentado en video, quien actualmente enfrenta su proceso en libertad condicional.
La representante legislativa concluyó que la eficacia de normativas enfocadas en erradicar brechas de género, como la reforma constitucional de paridad expuesta durante su reciente gira de trabajo internacional, requiere que las autoridades sancionen a los infractores, evitando que el poder económico o político se traduzca en protección institucional.
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