Un juez federal de Estados Unidos ordenó al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros altos cargos del chavismo pagar una indemnización de 314 millones de dólares. La sentencia responde a una demanda civil presentada por más de una decena de ciudadanos estadounidenses que sufrieron secuestro, tortura y terrorismo en Venezuela.
La resolución, dictada por el juez Darrin P. Gayles de la Corte del Distrito Sur de Florida, responsabiliza directamente a Maduro y a figuras clave de su entorno, entre ellos los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y de Agricultura, Vladimir Padrino. Asimismo, el fallo alcanza al empresario Alex Saab, al grupo criminal Cártel de los Soles, a Maikel José Moreno Pérez, a Néstor Luis Reverol y al fiscal general Tarek William Saab. Por el contrario, el magistrado excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a su hermano Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional— y a las empresas estatales PDVSA y Corporación Venezolana del Petróleo.
Detalles de la demanda y el fallo judicial
El recurso legal fue interpuesto originalmente en agosto de 2025 por un grupo de víctimas que incluye a personas secuestradas y a dos menores de edad. La acción judicial se reactivó en enero de este año tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas. Actualmente, el exmandatario permanece bajo custodia en Nueva York, donde enfrenta un proceso penal paralelo por cargos de narcoterrorismo.
Entre los demandantes se encuentran Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, ciudadanos estadounidenses que fueron liberados en 2023 durante el mandato de Joe Biden en un intercambio de prisioneros. Aquel acuerdo otorgó la libertad a Alex Saab, quien fue recapturado en mayo pasado y afronta una audiencia preliminar por lavado de dinero en Miami la próxima semana.
Violaciones a la ley antiterrorismo
La demanda civil acusó a la cúpula chavista de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
En el documento acusatorio, el juez Gayles argumentó que Maduro «históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos». El dictamen judicial concluyó que el exgobernante cometió actos de terrorismo internacional y que los padecimientos infligidos a Kenemore, Marval y Saad vulneraron las leyes penales federales y del estado de Florida, con el aparente propósito de intimidar o coaccionar a la población civil estadounidense.
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