La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) formalizó una petición ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para extender por casi seis meses el plazo del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en el país, el cual tiene como fecha límite actual el próximo 30 de junio de 2026.
La solicitud, presentada formalmente el 22 de junio por la directora del organismo, Luz Elvira Guerrero Martín, responde a un rezago crítico en la base de datos nacional: de un universo aproximado de 150 millones de líneas activas en México, apenas se han completado cerca de 26 millones de registros, lo que representa un avance de tan solo el 17.33 por ciento.
De acuerdo con los argumentos de la AMOMVAC, el principal factor de retraso radica en la obligatoriedad de la «prueba de vida», un procedimiento que requiere la captura de un selfie biométrico por parte del usuario. La asociación alertó que este mecanismo se implementó sin un marco normativo específico que garantice la ciberseguridad y la protección de datos personales frente a posibles filtraciones. Asimismo, se señalaron deficiencias operativas en las plataformas de registro, las cuales fueron desarrolladas en un lapso de apenas 30 días, provocando saturación y problemas recurrentes de acceso.
Efectos colaterales y exclusión digital
La premura del calendario legal ha generado distorsiones en el mercado regulado. La AMOMVAC denunció la proliferación de un mercado negro de tarjetas SIM previnculadas, donde se comercializan chips activados con identidades ajenas o falsificadas para eludir el requisito biométrico.
Adicionalmente, la dirección de la asociación advirtió sobre el impacto adverso en las poblaciones vulnerables. De mantenerse el corte del 30 de junio, millones de usuarios de zonas rurales, adultos mayores o personas con baja alfabetización digital quedarían incomunicados de forma automática al no poder cumplir con las especificaciones técnicas del trámite.
Este escenario marca un giro en la narrativa institucional de la CRT. Al inicio del proceso en enero de 2026, la industria advirtió sobre la inviabilidad de los tiempos planteados; no obstante, para abril de este año, la comisionada Norma Solano aseguró de forma tajante que no se concederían prórrogas.
El panorama actual de baja cobertura obligó al regulador a evaluar inicialmente una ventana de amortiguamiento de 120 días, una postura que ahora deberá contrastarse con la solicitud de extensión semestral promovida por los operadores virtuales para salvaguardar la continuidad del servicio.
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