La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reconfigura las atribuciones territoriales de los municipios y las entidades federativas al obligarlos a estandarizar, digitalizar e interconectar sus padrones inmobiliarios con la Federación.
La votación en lo particular, consumada durante la madrugada de este 7 de octubre con 299 votos a favor del bloque oficialista (Morena, PVEM y PT) y 92 votos en contra de los grupos parlamentarios de oposición (PRI, PAN y MC), dio luz verde a la legislación reglamentaria del artículo 73, fracción XXIX-R de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto aprobado fue remitido al Senado de la República para su revisión legislativa.
El nuevo ordenamiento jurídico instaura la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral, instrumentos vinculantes que homologarán la identificación física y la situación jurídica de cada predio en el país. El esquema operativo descansará en dos herramientas tecnológicas obligatorias: la Plataforma Nacional Catastral y la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad, cuya arquitectura y directrices quedarán supeditadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La normativa impone un calendario severo para el federalismo fiscal y operativo: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contará con un plazo de 30 días hábiles tras la publicación del decreto para emitir los lineamientos obligatorios de los planes nacionales y habilitar las plataformas. Por su parte, los congresos locales dispondrán de 180 días para adecuar sus marcos legales estatales y prever las asignaciones presupuestales en sus respectivas leyes de egresos, a fin de que el sistema entre en operación plena el 1 de enero de 2027.
Durante el desahogo de las reservas, la Mesa Directiva, presidida por el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, admitió una modificación al artículo 5, segundo párrafo, presentada por la diputada Elena Edith Segura Trejo. La adición faculta a la Sedatu, a la Agencia, así como a las Autoridades Catastrales y Autoridades Registrales, a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en calidad de organismo público autónomo de carácter técnico para la integración de datos territoriales.
El bloque opositor votó en contra del dictamen al señalar que la concentración de facultades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones condiciona la autonomía operativa de los ayuntamientos. Si bien la bancada mayoritaria argumentó que la ley respetará la potestad tributaria del artículo 115 constitucional sobre el cobro del impuesto predial, la obligatoriedad de los modelos de homologación transferirá el control informático de la propiedad inmobiliaria a los criterios de la administración central.
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