La diputada federal Fuensanta Guerrero Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, presentó un paquete de iniciativas dirigidas a regular el funcionamiento de las plataformas de crédito digital y frenar las pérdidas económicas de los usuarios de telefonía en la modalidad de prepago.
La primera de las propuestas contempla modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El proyecto busca erradicar las prácticas de cobranza intimidatoria y extorsión vinculadas a aplicaciones financieras conocidas popularmente como «montadeudas».
Dentro del marco regulatorio planteado, se establece la prohibición expresa para que las entidades financieras o plataformas digitales condicionen el otorgamiento de un crédito al acceso a la libreta de contactos, galerías fotográficas o archivos almacenados en los dispositivos móviles de los solicitantes, impidiendo el uso de dicha información para presionar o exhibir a los deudores ante terceros.
Asimismo, la iniciativa contempla la introducción de un periodo de desistimiento de 48 horas en contrataciones electrónicas. Este mecanismo permitirá a los usuarios cancelar el contrato mediante la devolución del capital principal y los intereses ordinarios devengados, sin ser sujetos al pago de penalizaciones o comisiones adicionales.
En materia de transparencia comercial, la reforma exige que las plataformas muestren el monto total a pagar expresado en pesos dentro de la pantalla previa al otorgamiento del consentimiento, además de prohibir el uso de casillas preseleccionadas que induzcan al cobro de servicios complementarios no solicitados por el consumidor.
Por otra parte, la legisladora presentó una iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, orientada a corregir los vacíos normativos en el esquema de telefonía móvil bajo modalidad de prepago. La propuesta establece que los paquetes de datos, minutos y mensajes no consumidos al término del periodo contratado no expiren, sino que se acumulen en las recargas o renovaciones ejecutadas dentro del año siguiente.
Adicionalmente, el proyecto prevé que las empresas concesionarias del servicio de telecomunicaciones emitan una notificación gratuita a las personas usuarias con al menos 72 horas de anticipación al vencimiento de su saldo o paquete, precisando la bolsa de megabytes y minutos que mantengan pendientes de consumo.
Con estas acciones legislativas, la bancada priista busca fijar un precedente normativo sobre el comercio electrónico y el consumo de servicios tecnológicos, priorizando la certidumbre jurídica, la protección de datos personales y la economía de las familias.
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