El diplomático Roberto Lazzeri Montaño arribó este martes a Washington, DC, para asumir formalmente la titularidad de la embajada de México en los Estados Unidos. A través de un comunicado emitido en la red social X, la sede diplomática detalló que la gestión del nuevo embajador se centrará en el desarrollo de políticas bilaterales y la atención a los connacionales en el extranjero.
De acuerdo con la delegación oficial, Lazzeri Montaño “llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de Norteamérica y construir acuerdos que beneficien a ambos países”. El inicio de sus funciones ocurre en un periodo de tensiones bilaterales, derivado de las acusaciones por narcotráfico emitidas por el Departamento de Justicia estadounidense contra funcionarios del partido oficialista Morena.
Solicitudes de extradición vigentes
Tras rendir protesta ante el Senado mexicano, el embajador fue interrogado respecto a la petición de extradición formulada por la administración del presidente Donald Trump contra servidores públicos vinculados presuntamente con el Cártel de Sinaloa, entre los que se incluye al gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“Es un proceso que está corriendo, al final las extradiciones es un tema bilateral de todos los días, ellos en varias ocasiones han pedido información adicional, estamos en ese proceso y habrá que esperar qué respuesta le da el Departamento de Estado a nuestra solicitud. Es una solicitud que ya se hizo», declaró Lazzeri Montaño sobre el estado del trámite jurídico.
Antecedentes del caso Sinaloa
El origen del conflicto diplomático se remonta al pasado 29 de abril, fecha en la que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Juan De Dios Gámez y otros siete funcionarios públicos. Los cargos imputados por las autoridades estadounidenses contemplan presuntos delitos de narcotráfico y portación de armas, bajo el argumento de que los señalados colaboraron de manera operativa con la organización delictiva de Sinaloa y la facción conocida como Los Chapitos.
Como parte del mismo expediente judicial, el general en retiro Gerardo Mérida, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad de Sinaloa, junto con el exsecretario de Finanzas de la entidad, Enrique Díaz, se entregaron de forma voluntaria a las autoridades de los Estados Unidos para enfrentar los cargos correspondientes.
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