La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a revisión un amparo que abre la posibilidad de analizar la prohibición de la eutanasia y la muerte asistida en el país. El pronunciamiento de la organización civil fue emitido mediante un comunicado oficial este lunes.
La postura del gremio responde a la resolución dictada el miércoles pasado, en la cual el Máximo Tribunal del país atrajo un amparo en revisión originalmente radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Con este acuerdo legal, los ministros procederán a evaluar si el marco normativo actual se ajusta a los principios fundamentales de la Constitución Política.
Alcance del debate legal e institucional
La materia jurídica del caso controvierte de forma directa las prohibiciones absolutas sobre la eutanasia y el suicidio asistido que se encuentran inscritas en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México. Dichos ordenamientos vigentes establecen la denominada muerte natural como la única vía legalizada para el fallecimiento de los ciudadanos.
Respecto a la trascendencia de la apertura de este proceso en el tribunal, la organización civil fijó su posicionamiento institucional en el texto:
“La determinación de la Corte refleja la trascendencia constitucional del asunto y abre un espacio deliberativo sobre un tema de la mayor relevancia para nuestro Estado Constitucional”.
Evaluación de derechos humanos y siguientes etapas
De acuerdo con la Barra Mexicana, el estudio formal del expediente permitirá abordar de manera integral los derechos de las personas que enfrentan padecimientos o enfermedades irreversibles. El objetivo central radica en evaluar los mecanismos jurídicos necesarios para salvaguardar la dignidad, la autonomía personal y la libertad individual en las determinaciones relativas al fin de la vida.
La organización civil añadió que confía en que el análisis técnico que realice la SCJN «contribuirá al desarrollo de una doctrina constitucional sólida en esta materia y fortalecerá la protección de los derechos humanos». Tras la admisión del recurso por el pleno del tribunal, el expediente operativo deberá ser turnado formalmente a la ponencia de uno de los ministros de la Corte, quien tendrá la responsabilidad jurídica de elaborar el proyecto de sentencia que analice el fondo del asunto.
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