El Gobierno de Estados Unidos impuso este martes sanciones económicas a cinco entidades estatales cubanas y a una ciudadana, como parte de las medidas de la Administración Trump hacia el gobierno de la isla. Entre las organizaciones sancionadas figuran tres vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa y dos pertenecientes a los sectores de la minería y la metalúrgica.
De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Estado, estas acciones buscan frenar lo que Washington califica como actividades operativas del gobierno cubano en la región, sumándose a penalizaciones previas emitidas contra el presidente Miguel Díaz-Canel y contra Alejandro Castro Espín, exjefe de inteligencia.
Entidades y sectores sancionados
Las corporaciones financieras e infraestructuras ligadas a Gaesa que recibieron restricciones son Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI), además de la empresa de logística y operaciones portuarias Almacenes Universales. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, señaló que las instituciones bancarias implicadas se encargan de movilizar recursos monetarios en representación del gobierno cubano.
Las dos entidades estatales restantes corresponden a la Empresa Siderúrgica José Martí, principal planta productora de acero bruto en Cuba que recibió financiamiento reciente de origen ruso para su modernización, y GeoMinera, corporación encargada de la gestión de activos minerales no niquelíferos que opera con inversiones procedentes de la firma australiana Antilles Gold y otras compañías extranjeras.
Restricciones individuales y financieras
La medida del Departamento de Estado incluye de forma directa a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín y nuera del expresidente Raúl Castro.
El titular de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió a través de una declaración en la plataforma X que las élites gubernamentales canalizan los recursos mediante Gaesa. Asimismo, emitió un exhorto formal de cumplimiento internacional para las firmas y los bancos externos.
«Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades de inmediato», sentenció Rubio.
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