La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las investigaciones conducidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en los estados de Chihuahua y Sinaloa respondan a una ofensiva política. La titular del Ejecutivo federal argumentó que las acciones institucionales buscan hacer cumplir la legislación mexicana frente a la intervención no autorizada de agentes extranjeros.
En relación al citatorio emitido contra la gobernadora Maru Campos, Sheinbaum precisó que la indagatoria no se centra en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, sino en el despliegue de personal estadounidense durante un operativo estatal en la Sierra Tarahumara el pasado abril, incidente donde fallecieron dos agentes ministeriales locales y dos agentes del exterior.
La mandataria fundamentó las averiguaciones de la fiscalía en la Ley de Seguridad Nacional, instrumento que establece que los agentes de otros países deben registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y tienen prohibido ejecutar operaciones de campo dentro del territorio nacional. Derivado de este caso, el fiscal estatal de Chihuahua presentó su renuncia.
Soberanía y extradiciones
El Ejecutivo vinculó este criterio institucional jurisdiccional con el escenario político de Sinaloa, informando que el gobierno federal denegó una solicitud urgente de detención con fines de extradición emitida por Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos. Dicho requerimiento internacional incluía al gobernador Rubén Rocha Moya, a un senador de la República y a un alcalde.
Sobre este procedimiento, Sheinbaum detalló que la SRE consultó formalmente a la FGR para verificar la existencia de elementos probatorios suficientes en territorio nacional. Ante el dictamen negativo de la fiscalía, la administración federal declinó ejecutar las aprehensiones basándose exclusivamente en señalamientos provenientes del extranjero.
La presidenta ubicó las presiones para modificar las reglas de la cooperación bilateral dentro de la coyuntura de los procesos electorales de noviembre en Estados Unidos y la antesala de los comicios mexicanos de 2027. En este contexto, acusó la operación de campañas de desinformación impulsadas por actores nacionales e internacionales para incidir en la percepción pública.
El posicionamiento federal establece que la coordinación binacional en materia de seguridad se mantendrá activa, bajo la condición estricta de no permitir operaciones tácticas conjuntas que excedan los límites jurisdiccionales ni requerimientos penales que carezcan de sustento probatorio bajo las leyes mexicanas.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.