El vocero del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención del presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y del exalcalde de Yecapxitla, Irving Sánchez. Las capturas forman parte de la reactivación de la operación Enjambre, estrategia del Gobierno federal orientada a desmantelar redes de corrupción institucional vinculadas a la delincuencia organizada en el estado de Morelos.
Durante el anuncio público, las autoridades federales se reservaron los detalles específicos sobre los delitos imputados a ambos políticos, a la espera de las audiencias iniciales. Asimismo, García Harfuch indicó que la Fiscalía federal mantiene un operativo de búsqueda activo para cumplimentar una orden de aprehensión contra el alcalde de Cuautla, demarcación que representa uno de los centros económicos más relevantes de la entidad.
La incursión de fuerzas federales en territorio morelense marca una nueva fase de despliegue territorial en la política de seguridad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo institucional de estas intervenciones coordinadas es neutralizar la logística operativa y el blindaje político que obtienen las células delictivas a través del control o la coerción de las administraciones municipales.
Antecedentes en el Estado de México
La operación Enjambre fue estructurada e iniciada a finales de 2024, con un enfoque primario en el Estado de México. En esa primera etapa de ejecución, el Gobierno federal cumplimentó órdenes de aprehensión contra autoridades locales y mandos policiales de diversos municipios, derivado de carpetas de investigación por colusión sistemática con grupos criminales en la región centro del país.
El operativo en territorio mexiquense derivó en el arresto de la presidenta municipal y el director de la Policía de Amanalco, junto con altos mandos policiales adscritos a Ixtapaluca, Naucalpan y Tejupilco. Las acciones también resultaron en la captura del cónyuge de la alcaldesa de Tonatico y registraron el deceso de un oficial en Texcaltitlán, quien se quitó la vida durante las maniobras de aseguramiento.
Alcance nacional de las indagatorias
Posterior a la intervención en el Estado de México, la estrategia ministerial se extendió hacia la región occidente de la República, específicamente en el municipio de Tequila, Jalisco. En dicha localidad, la Fiscalía federal aprehendió al alcalde en funciones, Diego Rivera, bajo señalamientos de operar y encabezar una red de extorsión estructurada desde las oficinas del propio Ayuntamiento.
El expediente del caso Jalisco documentó un esquema institucional donde servidores públicos exigían cuotas ilegales a empresarios y comerciantes del sector bebidas. La red de corrupción afectó las operaciones comerciales de las plantas cerveceras y tequileras asentadas en la zona industrial de la región, impactando corporativos transnacionales como las instalaciones de José Cuervo.
La continuidad de las diligencias por parte del Gabinete de Seguridad refleja una consolidación en la táctica federal de judicialización. El patrón de detenciones indica que la estrategia prioriza la desarticulación de las estructuras de financiamiento y protección en el nivel municipal, procediendo contra funcionarios en activo y exservidores públicos sin distinción de la fuerza política que los llevó al cargo.
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