Frente al crecimiento de la incidencia de ilícitos financieros y cibernéticos en el país, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó en el Senado de la República un Punto de Acuerdo dirigido a las autoridades federales para fortalecer la estrategia de prevención y combate al fraude digital y la extorsión telefónica.
La propuesta legislativa tiene como fundamento los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. De acuerdo con este instrumento, el fraude se posicionó como el ilícito de mayor frecuencia a nivel nacional con 6 mil 962 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que la extorsión ocupó el tercer sitio con 5 mil 213 incidentes.
El documento exhorta específicamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Fiscalía General de la República a coordinar campañas preventivas y desarrollar mecanismos tecnológicos para el bloqueo de plataformas criminales.
En su exposición, los legisladores advirtieron que los grupos delictivos incrementaron la complejidad de sus operaciones mediante técnicas de ingeniería social, phishing, smishing y vishing. Estos métodos incluyen clonación de cuentas de mensajería, falsos secuestros, ofertas de empleo fraudulentas y el uso de inteligencia artificial para manipular formatos audiovisuales.
La magnitud de la problemática se refleja también en el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024, el cual documentó 10 mil 300 robos de contraseñas en redes sociales, 6 mil 303 fraudes vinculados al comercio electrónico y 4 mil 114 incidentes catalogados como extorsión cibernética a nivel nacional.
El exhorto señala que la CONDUSEF mantiene un registro sostenido al alza en reclamaciones por robo de identidad y operaciones bancarias no reconocidas. La bancada alertó que una proporción significativa de estos delitos permanece sin denuncia, situación que dificulta la identificación de patrones y la desarticulación de las organizaciones delictivas.
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