El bloque de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó este miércoles su rechazo a la reforma en materia de revocación de mandato y austeridad, argumentando que el dictamen facilita la promoción del Poder Ejecutivo con recursos públicos. Según la bancada, la propuesta genera una contradicción entre los artículos 35 y 134 de la Constitución, lo que fractura el principio de equidad en la competencia política.
Los legisladores señalaron que, bajo la narrativa de reducir privilegios, la reforma autoriza al Ejecutivo Federal a difundir el proceso de consulta y promover el voto a su favor. Esta medida, denunciaron, transforma una herramienta de participación ciudadana en un mecanismo de concentración de poder y control sobre la contienda electoral.
Argumentos técnicos y fiscales
La senadora Claudia Edith Anaya Mota calificó la iniciativa como una estrategia para controlar la estructura de los procesos electorales futuros. Por su parte, el coordinador parlamentario Manuel Añorve Baños cuestionó la eficiencia financiera de la propuesta, señalando que el ahorro de 4 mil millones de pesos es marginal comparado con el desfalco por huachicol fiscal, estimado en más de 700 mil millones.
Añorve Baños alertó que Morena busca utilizar la figura presidencial para influir en los comicios de 2027 y 2028. Aseguró que la utilización de estructuras estatales en favor de un partido político desvirtúa la naturaleza de las instituciones democráticas y los contrapesos necesarios en un sistema federalista.
Impacto en gobiernos locales
En el análisis técnico de la reforma, la senadora Carolina Viggiano Austria destacó una inconsistencia en el alcance de la austeridad planteada. Informó que la medida solo afectaría a 191 de los 17 mil regidores existentes en el país, dejando sin cambios a la mayoría de los municipios que se encuentran bajo la administración del partido en el gobierno.
Por su parte, el senador Pablo Angulo Briceño enfatizó que la reforma debilita las facultades locales y coloca al Gobierno Federal en una posición de juez y parte dentro de la contienda. Sostuvo que la democracia requiere de reglas claras y árbitros imparciales, condiciones que, a su juicio, se ven vulneradas con la intervención directa del Ejecutivo.
Finalmente, la senadora Karla Toledo Zamora confirmó que la fracción priista votará en contra del dictamen en el Pleno. La legisladora reiteró que la prioridad debe ser la defensa de la institucionalidad y la garantía de que ningún actor político pueda manipular las elecciones mediante el uso discrecional del presupuesto público.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.