La Cámara de Diputados aprobó este 25 de marzo, con 315 votos a favor y 89 en contra, la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. El dictamen, que ahora pasa al Senado de la República, reforma también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para permitir esquemas de inversión mixta entre el Estado y el sector privado.
La nueva legislación busca movilizar recursos actualmente depositados en fideicomisos para financiar la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos. Según los impulsores del proyecto, el mecanismo garantiza la rentabilidad para los inversionistas sin que los proyectos sean contabilizados formalmente como deuda pública, bajo un esquema de «prosperidad compartida».
Riesgos financieros y discrecionalidad
Durante el debate en San Lázaro, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del diputado Emilio Suárez Licona, advirtió que el diseño normativo genera riesgos fiscales relevantes. El legislador señaló que, si bien el modelo económico actual ha sido insuficiente para atraer inversión, la propuesta aprobada concentra decisiones en el Ejecutivo y carece de la claridad técnica necesaria para dar certeza jurídica.
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN calificó la medida como un esquema de «deuda disfrazada». Los legisladores de oposición argumentaron que la posibilidad de iniciar proyectos sin suficiencia presupuestaria previa compromete los recursos de futuras administraciones, rompiendo con los principios de disciplina financiera al clasificar pasivos de largo plazo bajo otros conceptos de gasto.
Estructura y supervisión técnica
En contraste, la bancada de Morena sostuvo que la ley actualiza los instrumentos jurídicos para otorgar certidumbre al capital privado. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar enfatizó que el sector privado requería una reforma que favoreciera la bursatilidad de activos y aislara riesgos financieros, permitiendo que el Estado mantenga la rectoría sobre la infraestructura estratégica del país.
Desde una posición de voto diferenciado, algunos sectores destacaron la creación del Consejo de Planeación Estratégica, el cual será presidido por la titular del Ejecutivo Federal. No obstante, legisladores del PRI como Yerico Abramo Masso subrayaron la necesidad de incluir a especialistas técnicos en los comités de ejecución para evitar que las decisiones se tomen bajo criterios estrictamente políticos.
Implicaciones presupuestarias
La reforma a la Ley Federal de Presupuesto es el componente técnico que genera mayor debate entre los especialistas. Al permitir contratos de largo plazo con pagos diferidos, la ley abre la puerta a que la Federación ejecute obras de gran calado sin impactar de forma inmediata el techo de endeudamiento aprobado anualmente por el Congreso, una práctica que la oposición denomina «opacidad presupuestaria».
El dictamen será analizado en las próximas semanas por las comisiones del Senado, donde se espera que se discutan los mecanismos de transparencia y los controles sobre el uso de los fondos de fideicomisos. De ser ratificada, esta ley representará el cambio más significativo en la relación entre el Estado mexicano y el sector constructor privado de la presente década.
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