La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad revocar el amparo que protegía a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, contra una orden de aprehensión. Con esta resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá proceder legalmente por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, dejó sin efecto la protección otorgada previamente por un juzgado de Distrito en Tamaulipas. La ministra precisó que su propuesta no califica la culpabilidad del exmandatario, sino que cuestiona la extralimitación del juez de amparo al realizar valoraciones que corresponden exclusivamente al proceso penal.
Debate en el pleno y argumentos jurídicos
Pese a votar a favor de negar el amparo, diversos ministros manifestaron su desacuerdo con las consideraciones técnicas del proyecto de Batres. La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que la Corte no debe sustituir las funciones del juez penal para ordenar o negar capturas, sino actuar como un tribunal de control constitucional.
Por su parte, la ponente Lenia Batres defendió la revocación bajo el argumento de que, para librar una orden de captura, «basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que la persona investigada lo cometió». El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz propuso que la sentencia definitiva incorpore los argumentos de los demás integrantes del Pleno para reforzar la resolución.
Origen del proceso judicial
El caso contra el exgobernador panista inició en 2020 tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En 2021, la Cámara de Diputados aprobó su desafuero, proceso que fue paralizado temporalmente por una controversia constitucional resuelta por la anterior integración de la Corte en 2022, la cual dio la razón al entonces mandatario hasta el fin de su gestión.
Al concluir su mandato, la FGR reactivó las solicitudes de captura. El juzgado Octavo de Distrito de Tamaulipas había amparado al político bajo el criterio de que no existían pruebas suficientes, pero tras la atracción del caso por la SCJN en octubre de 2025, este martes se determinó que la orden de aprehensión debe seguir su curso legal.
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