La aprobación de la Ley de Economía Digital en el Congreso de la Unión encendió las alertas en el sector de distribución de combustibles, cuyos integrantes analizan el impacto económico que provocará la obligatoriedad del cobro mediante medios de pago electrónicos y la consecuente reducción en el uso de dinero en efectivo en estaciones de servicio y tramos carreteros.
La legislación, promovida desde el Poder Ejecutivo Federal a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que encabeza José Antonio Peña Merino y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer la fiscalización, elevar la recaudación tributaria y combatir esquemas de evasión fiscal mediante la digitalización de operaciones comerciales.
Riesgo financiero en márgenes de ganancia
Empresarios de la industria advirtieron que la transición obligatoria a tarjetas de crédito, débito, transferencias y códigos QR impactará directamente en sus costos operacionales. De acuerdo con proyecciones del sector, los márgenes de utilidad promedio —que actualmente se ubican en torno al 4%— podrían registrar una contracción de hasta un punto porcentual debido al cobro de las cuotas de intercambio y comisiones bancarias por procesamiento de pagos.
La estructura del mercado gasolinero nacional muestra una alta concentración de pequeños y medianos franquiciatarios, en donde la mayoría de los competidores opera un rango máximo de dos estaciones de servicio, situación que reduce su capacidad financiera para absorber los costos adicionales de intermediación bancaria.
Facultades de Hacienda y estrategia legal
El marco normativo aprobado otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores productivos y trámites gubernamentales en los que el pago digital será vinculante. La autoridad financiera federal definió que la fase inicial de implementación arrancará en estaciones de servicio y autopistas, bajo el argumento técnico de que dichos establecimientos cuentan con infraestructura preexistente de terminales punto de venta, facturación electrónica y lectores de tarjetas o identificadores automáticos de peaje.
Ante este panorama, organizaciones del gremio evalúan la interposición de juicios de amparo indirecto contra la entrada en vigor de la norma. No obstante, los representantes del sector reconocieron que la vía jurisdiccional no detendrá de forma inmediata la aplicación de las disposiciones, manteniendo la exposición del sector a las cargas financieras derivadas de la regulación.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.