En el marco de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Partido Acción Nacional (PAN) formalizó la solicitud para declarar la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. La dirigencia nacional y su bancada parlamentaria argumentaron que la entidad atraviesa una crisis institucional derivada de la pérdida de gobernabilidad y la presunta injerencia del crimen organizado en la estructura estatal.
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, afirmó que el recurso jurídico procede al existir una imposibilidad fáctica para ejercer el gobierno y haberse impedido la vigencia del orden jurídico en el estado. El dirigente subrayó que la medida no busca sancionar a individuos, sino rescatar la seguridad de las familias sinaloenses que, bajo su perspectiva, han quedado vulnerables ante la falta de control institucional.
Argumentos de la bancada senatorial
Por su parte, el coordinador de las y los senadores, Ricardo Anaya Cortés, instó a convocar a un periodo extraordinario de manera inmediata para procesar la declaratoria. El legislador sostuvo que el pacto con grupos delictivos se extiende más allá del Poder Ejecutivo local, alcanzando al Legislativo y al Poder Judicial de la entidad, lo cual impediría una solución interna a la crisis de seguridad.
Anaya Cortés refirió que los vínculos actuales tienen antecedentes en el proceso electoral de 2021, el cual calificó como una «narcoelección». Detalló que, a cambio de apoyo operativo durante los comicios, se otorgaron posiciones estratégicas dentro de la policía y la fiscalía estatal a actores vinculados con actividades ilícitas, comprometiendo la autonomía de las instituciones de procuración de justicia.
Contexto y señalamientos judiciales
En la conferencia de prensa ofrecida desde el Senado de la República, los legisladores señalaron posibles conflictos de interés en las resoluciones judiciales que validaron las elecciones pasadas. Mencionaron que la magistrada ponente en dichos casos guarda parentesco directo con personas bajo investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que reforzaría la tesis de una red de influencia transnacional.
Respecto a la situación política nacional, el vocero nacional Jorge Triana Tena y el propio Romero Herrera desestimaron las intenciones de Morena de promover el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Interpretaron estas acciones como una estrategia distractora para desviar la atención pública de los señalamientos que pesan sobre el gobierno sinaloense y los vínculos partidistas con el narcotráfico.
Implicaciones de la solicitud
La senadora Lilly Téllez se sumó a la postura oficial del partido, afirmando que las órdenes de extradición emitidas recientemente contra funcionarios estatales son evidencia de la infiltración delictiva. Para la bancada panista, la desaparición de poderes es el único mecanismo constitucional viable para depurar las instituciones sinaloenses y restablecer el orden democrático en la región norte del país.
La solicitud deberá ser turnada a las comisiones correspondientes del Senado para su análisis técnico y jurídico. De avanzar, implicaría el nombramiento de un gobernador provisional y la renovación de los mandos en los poderes locales, una medida de excepción prevista en el Artículo 76 constitucional que requiere de un alto consenso político para su ejecución.
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