En el Congreso de la Unión se presentó una propuesta de reformas a la Ley General de Salud orientada a actualizar el marco normativo en regulación sanitaria, infraestructura, medicamentos, financiamiento público y control de sustancias, así como a prohibir la comercialización de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
La iniciativa plantea incorporar un capítulo que establezca la prohibición total de producción, importación, exportación, comercialización, publicidad y suministro de vapeadores y dispositivos análogos, con sanciones penales de 1 a 8 años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos, sin incluir penalización por portación o consumo individual.
Abasto, innovación y producción nacional
La propuesta también busca facultar a la Secretaría de Salud para planear y ejecutar la contratación consolidada de medicamentos e insumos médicos, con el objetivo de fortalecer el abasto público y homologar procedimientos entre instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Entre los cambios se incluye ampliar incentivos para la producción nacional de medicamentos e insumos, simplificar procesos de investigación científica, extender la vigencia de registros sanitarios de 5 a 10 años y reconocer el plasma residual como insumo para producir hemoderivados.
La iniciativa propone incorporar la salud digital como componente de salubridad general, reconocer la telesalud como modalidad de atención médica, impulsar plataformas interoperables y garantizar protección de datos personales en servicios clínicos.
Regulación, financiamiento y control sanitario
En materia regulatoria, se plantea crear el Sistema Federal Sanitario, encabezado por Cofepris, con atribuciones como visitas de verificación electrónicas, coordinación de farmacovigilancia y autorizaciones temporales durante emergencias de salud pública.
La propuesta considera actualizar el listado de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, incluyendo compuestos como carfentanilo, nitazeno y otros fentanilos, y reclasificar medicamentos con valor terapéutico pero potencial de abuso.
Otro punto destacado es la flexibilización en el uso de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), al permitir que su Comité Técnico defina directamente criterios de asignación según prioridades sanitarias. También plantea fortalecer a Conamed en la resolución técnica de controversias médicas y avanzar hacia la universalidad en la prestación de servicios mediante intercambio institucional.
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