El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, rechazó que los nuevos lineamientos de protección a las audiencias constituyan un mecanismo de censura. Durante los trabajos de la Comisión Permanente, el legislador argumentó que la normativa busca garantizar el derecho de réplica y mitigar la difusión de información falsa.
Ávila Anaya detalló que la regulación exige a los medios de comunicación diferenciar claramente entre contenidos informativos, espacios de opinión y pautas publicitarias. Explicó que el modelo opera por autorregulación mediante la figura del defensor de la audiencia, quien será designado internamente por cada empresa para recibir quejas y emitir recomendaciones.
El diputado federal precisó que sólo cuando las empresas mediáticas omitan atender las recomendaciones de su propio defensor, las autoridades podrán iniciar un procedimiento administrativo. Bajo este esquema, descartó que exista discrecionalidad institucional, acusando a las bancadas del PRI y PAN de promover un falso debate sobre la libertad de expresión.
El proyecto normativo se mantiene actualmente en etapa de consulta pública. El vocero morenista destacó que este periodo procesal permite a ciudadanos y organizaciones civiles presentar observaciones técnicas a la redacción del documento antes de su entrada en vigor.
Indagatorias en UNAM y caso Ruffo
En un tema paralelo abordado durante su atención a medios, Ávila Anaya respaldó la integración de un comité de especialistas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para investigar las presuntas irregularidades documentadas durante el reciente proceso de admisión.
Señaló que el objetivo institucional es ofrecer garantías a la comunidad universitaria sobre la transparencia de las pruebas. El legislador advirtió que no debe descartarse la posibilidad técnica de repetir la evaluación si las indagatorias confirman la operación de esquemas fraudulentos o de venta de exámenes.
Finalmente, el diputado se pronunció sobre las investigaciones federales por presunto contrabando de combustibles que involucran al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sosteniendo que existen elementos sobre su vinculación directa con el esquema ilícito.
El legislador aseveró que el exmandatario operaba como secretario del Consejo de Administración de la empresa sujeta a investigación. Indicó que las indagatorias en curso podrían documentar uno de los mayores daños financieros al erario por delitos en materia de hidrocarburos, operando mediante una red de responsabilidades con ramificaciones en Estados Unidos.
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