El diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar afirmó que el Partido Revolucionario Institucional votará a favor del dictamen que reforma el Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente, discutido este martes en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. La iniciativa incrementa sanciones y establece nuevas penas para conductas relacionadas con afectaciones a ecosistemas y recursos naturales.
En tribuna, Yáñez señaló que México posee una amplia biodiversidad y, pese a ello, persisten daños derivados de tala ilegal, desarrollo urbano irregular, contaminación de cuerpos de agua, tráfico de vida silvestre y deterioro de áreas naturales. Mencionó como ejemplo recientes hechos en Tulum, donde una obra continuó pese a estar clausurada, afectando nidos de tortugas marinas.
Aumento de sanciones y nuevos supuestos
El legislador explicó que el dictamen fortalece e incrementa penas aplicables a delitos ambientales, al reconocer la dimensión de los daños ocasionados a flora, fauna y salud humana. También endurece sanciones por quebrantamiento de sellos, al considerar que algunos desarrollos continúan operaciones ante penalidades mínimas.
La propuesta incluye penalidades específicas contra la tala ilegal, especialmente cuando se afecten áreas naturales protegidas, con el objetivo de inhibir actividades vinculadas al lucro mediante deterioro ambiental.
Yáñez destacó que el dictamen busca evitar que la violación a normas ambientales resulte rentable y que las sanciones reflejen la gravedad de las afectaciones, fortaleciendo la capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar delitos ecológicos.
Posicionamiento del PRI
El diputado recordó que su partido ha impulsado normas ambientales en el pasado, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la creación de áreas naturales protegidas. Reiteró que la protección del ambiente constituye una responsabilidad del Estado y del Poder Legislativo.
Finalmente, aseguró que el PRI votará a favor del dictamen, al considerarlo una herramienta necesaria para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y atender a comunidades afectadas por contaminación y deterioro ecológico.
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