La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por unanimidad de 456 votos, el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria del artículo 73 constitucional. La decisión establece un marco nacional para combatir este delito.
El documento también reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de armonizar el sistema jurídico.
Penas y persecución del delito
La ley fija penas de seis a quince años de prisión y multas de 100 a 500 veces la UMA, cuando se obligue a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en beneficio del responsable o de un tercero. Además, el delito se investigará y perseguirá de oficio, sin necesidad de denuncia inicial.
El dictamen prevé tres grupos de agravantes que pueden aumentar la pena hasta en dos terceras partes, según factores como el perfil de la víctima, el uso de violencia, la participación de menores o la vinculación con delincuencia organizada.
Protección a víctimas y denuncia anónima
La iniciativa establece que cualquier persona podrá denunciar sin revelar su identidad, mediante mecanismos como el número 089, e incorpora medidas para evitar la revictimización, incluida la reserva de identidad en actuaciones judiciales.
Además, se niegan beneficios preliberacionales a personas sentenciadas por este delito y se ordena que los centros penitenciarios bloqueen comunicaciones que puedan facilitar actos de extorsión desde el interior.
Distribución de competencias
La investigación y persecución estará a cargo de las autoridades federales o locales, según las circunstancias del caso. Cuando existan decisiones de organismos internacionales o se actualicen supuestos legales, la Federación podrá atraer las investigaciones.
La ley crea el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para recibir, registrar y dar seguimiento a reportes.
Implementación y discusión pendiente
Las legislaturas estatales deberán armonizar sus leyes en un plazo de 180 días naturales. Igual plazo tendrán los centros penitenciarios para adecuar infraestructura y tecnología.
En la discusión del dictamen, la Mesa Directiva anunció reservas a diversos artículos, así como disposiciones transitorias. Se prevé que en la votación en lo particular se analicen modificaciones relacionadas con competencias, cooperación interinstitucional y perspectiva de derechos humanos.
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