La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) enfrenta serias acusaciones de negligencia y corrupción que afectan gravemente al sector transporte en México. La SICT, encargada de emitir el reemplacamiento de placas y la Licencia Federal (LF) para transportistas terrestres, ferroviarios, marítimos y aéreos, ha visto recientemente la transferencia de responsabilidades en la aviación a la Agencia Federal de Aviación Civil. Esta decisión se produjo después de una calificación negativa de la autoridad estadounidense.
Una de las principales preocupaciones es la falta de un programa de reemplacamiento federal desde el gobierno de Felipe Calderón, lo que ha llevado a una evidente deficiencia en la supervisión y control de las unidades de transporte en el país. La ausencia de un programa actualizado plantea riesgos significativos para la seguridad y la regulación del transporte.
Además, se reporta un profundo rezago en la expedición de licencias federales para operadores de autotransporte. Cerca de dos millones de trabajadores del sector operan actualmente en la clandestinidad debido a la ineficacia y corrupción en la SICT. La situación ha sido exacerbada por la supuesta conducta arbitraria de Guillermo García Pinto, Director General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, y Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez, Director de Autorización y Evaluación a Terceros. Se alega que estos funcionarios han eliminado la figura de médicos terceros autorizados, impactando negativamente en el sector.
Informes indican que la Dirección General ha estado realizando exámenes psicofísicos de manera fraudulenta, sin la debida autorización, y manipulando sistemas de captura para emitir licencias a operadores no aptos. Se ha denunciado la práctica de cobrar moches a los interesados en obtener la LF. Además, se ha revelado que el Director General García Pinto ha mantenido reuniones con el dueño del laboratorio “SALUD DIGNA”, implicado en actos de corrupción, como prestar su avión privado al Gobernador de Sinaloa.
La SICT cuenta con una Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPyMPT) y 48 unidades médicas para realizar exámenes médicos a los solicitantes de la LF. Sin embargo, la dependencia también ha recurrido al Programa de Médicos Terceros Autorizados, un sistema exitoso que ha permitido a médicos privados realizar el 75 por ciento de los exámenes médicos, mientras que el 25 por ciento restante es gestionado por la SICT.
Diversas cámaras y agrupaciones de transportistas han expresado su inconformidad con estas prácticas, sin recibir una respuesta adecuada de las autoridades de la Secretaría. La situación actual está afectando gravemente la actividad económica del sector, sus clientes y la propia Secretaría, destacando la urgencia de una revisión y reforma en los procesos y controles del sector transporte.
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