Diputadas y diputados federales del PRI señalaron que la Ley General en Materia de Extorsión presenta imprecisiones y fallas de armonización con otras normas que podrían beneficiar a personas sentenciadas por este delito, además de generar inconsistencias jurídicas y operativas a nivel estatal.
Alertan fallas legales
A nombre del Grupo Parlamentario, Alejandro Domínguez, Luis Gerardo Sánchez y Arturo Yáñez indicaron que la iniciativa no contempla el tiempo necesario para un análisis profundo ni garantiza una coordinación adecuada con las entidades federativas, responsables de las primeras investigaciones.
Domínguez afirmó que cinco estados —Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo— tienen penalidades más altas que las que propone el dictamen. Esto, dijo, podría ocasionar la liberación de alrededor de 500 personas sentenciadas por extorsión en diversas regiones del país.
El representante por Chihuahua señaló que el delito ha crecido en México, pero la propuesta no incluye mecanismos de medición de resultados, estrategias de prevención ni responsabilidades claras.
Asimismo, expresó preocupación porque la dictaminación designa a las unidades antisecuestro como responsables de investigar la extorsión, sin que la legislación vigente les otorgue esa facultad.
Datos del incremento del delito
Durante su intervención, Luis Gerardo Sánchez citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad: desde 2019, la extorsión aumentó más del 30 % respecto al sexenio anterior, con un pico en 2022.
Detalló que las carpetas de investigación pasaron de 5 mil a 11 mil por año, únicamente por casos denunciados. Entre enero y septiembre de 2025, se registraron más de 1,300 carpetas en el Estado de México, más de 1,000 en la Ciudad de México y cerca de 800 en Guanajuato, con más de 6 mil víctimas directas documentadas.
Sánchez indicó que el fenómeno impacta a comerciantes, transportistas, empresas y también a autoridades municipales, quienes en algunos casos han tenido que abandonar sus cargos o pagar para continuar operando.
Exigen diagnóstico y recursos
Arturo Yáñez sostuvo que la ley llega “tarde y sin recursos”, con dudas operativas y jurídicas. Consideró indispensable un Estado de derecho funcional y cuerpos policiales con capacidades suficientes para atender el delito.
Las diputadas y diputados del PRI votaron a favor en lo general, pero adelantaron que presentarán reservas. En caso de ser rechazadas, modificarían su voto en lo particular.
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