El Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó este jueves elevar a la Asamblea General del organismo, con carácter de urgente, la crisis de desapariciones en México. El comité concluyó que existen indicios fundados para clasificar estos actos como crímenes de lesa humanidad, debido a que se ejecutan mediante ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil en diversos puntos del territorio nacional.
De acuerdo con el informe presentado por Juan Albán Alencastro, presidente del Comité, estas prácticas cuentan, en diversos casos, con la complicidad o aquiescencia de autoridades en los ámbitos municipal y estatal. No obstante, el organismo internacional aclaró que no existen pruebas suficientes para afirmar que estas desapariciones constituyan una política dirigida u orquestada de forma deliberada por el Gobierno Federal.
Propuesta de intervención internacional
Ante la saturación de las instituciones mexicanas, la ONU propuso a la Asamblea General establecer un mecanismo de cooperación técnica y financiera especializada. Esta asistencia se centraría en fortalecer las capacidades de análisis forense, la investigación de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado, así como la protección efectiva a los colectivos de familias buscadoras.
El diagnóstico del organismo advierte que, a pesar de las medidas adoptadas desde la última visita oficial en 2021, no se ha registrado una mejora sustancial en las métricas de seguridad. El Comité subrayó que la magnitud de la crisis mantiene desbordadas a las autoridades actuales, lo que hace imperativas reformas estructurales en el sistema de procuración de justicia.
Rezago en identificación forense
Cifras oficiales integradas en el análisis revelan un escenario crítico: se han contabilizado aproximadamente 4,500 fosas clandestinas en el país. En estos sitios se han recuperado 6,200 cadáveres y más de 72,000 restos humanos que permanecen sin identificar, lo que refleja un colapso en la capacidad de respuesta de los servicios periciales del Estado.
Expertos en materia de derechos humanos señalan que la decisión de llevar el caso a la Asamblea General representa un aumento en la presión diplomática para México. El organismo internacional enfatizó que el derecho internacional no requiere que los crímenes de lesa humanidad sean planeados en las altas esferas del poder, sino que basta con el patrón de impunidad y la magnitud de los ataques para exigir la rendición de cuentas global.
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