El diputado federal Christian Castro Bello, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer un sistema de vales médicos canjeables en hospitales, clínicas y establecimientos privados sin costo para los usuarios, cuando las instituciones públicas no puedan proporcionar medicamentos, tratamientos o insumos.
De acuerdo con el documento legislativo —fechado el 3 de noviembre de 2026 y difundido desde el Palacio Legislativo de San Lázaro—, la propuesta plantea modificar el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la suficiencia de insumos en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y obligar expresamente al Estado a activar este mecanismo compensatorio.
Para viabilizar el esquema sin generar gasto a las familias, el legislador por Campeche planteó reasignar 100 millones de pesos de la oficina de la Presidencia de la República hacia IMSS-Bienestar, propuesta que ya había expuesto durante la discusión del Presupuesto 2027. Según explicó, el mecanismo también incentivaría el comercio y las farmacias en entidades federativas como Campeche.
Antecedentes y cifras de cobertura
En la exposición de motivos de la iniciativa, Castro Bello documentó que el porcentaje de población con carencias en el acceso a los servicios de salud pasó de 15.5 por ciento en 2016 a 34.2 por ciento en 2024. Asimismo, contrastó este incremento con el compromiso formulado en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador de alcanzar un sistema sanitario equiparable al de Canadá, Reino Unido o Dinamarca.
El documento legislativo también incorpora como antecedente las recientes manifestaciones de personas trabajadoras del sector salud, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes denunciaron condiciones laborales adversas y escasez de medicamentos e insumos para atender a la población.
Alcance operativo de la propuesta
Castro Bello precisó que la reforma constitucional no busca sustituir ni debilitar al sector público, sino ofrecer una alternativa inmediata para evitar que los pacientes suspendan sus tratamientos médicos. «La salud no puede esperar. Una enfermedad no entiende de burocracia, de trámites ni de promesas incumplidas», declaró el legislador.
De aprobarse la modificación en el Congreso de la Unión, el Estado quedaría obligado por mandato constitucional a cubrir el costo de los vales en el sector privado cada vez que una unidad pública carezca de capacidad de atención o abasto oportuno.
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