El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, indicó que la iniciativa presidencial de reforma política-electoral podría presentarse en diciembre de 2025, con el objetivo de concluir el proceso antes del inicio del proceso electoral de 2027.
En entrevista al término de la reunión de la Comisión de Reforma Política-Electoral en San Lázaro, Monreal Ávila explicó que la Cámara de Diputados tendría tiempo para deliberar en diciembre, mientras que en enero y febrero se formalizaría la discusión y eventual aprobación. Destacó que los trabajos de la comisión, presidida por Pablo Gómez, buscan recopilar todos los planteamientos expresados en audiencias anteriores.
El legislador señaló que la presentación anticipada de la iniciativa permitiría cumplir con los plazos legales y ajustar estructuras y movimientos necesarios dentro de la reforma, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la Comisión y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Respecto a la modalidad de sesiones legislativas, Monreal Ávila informó que la JUCOPO evalúa la necesidad de mayor asistencia presencial y recordó que el reglamento establece sanciones económicas para legisladores faltistas. Subrayó que la mayoría de los diputados que participan a distancia estudian y preparan sus votaciones, aunque reconoció que casos aislados generan cuestionamientos sobre el cumplimiento de obligaciones.
Sobre críticas de la dirigencia de Morena hacia el relanzamiento del PAN y su estrategia de reorganización, Monreal Ávila dijo que no está preocupado y respetó la decisión del partido, afirmando que su enfoque se centra en cumplir compromisos legislativos y con la población.
El coordinador de Morena también abordó la discusión sobre la Ley de Aguas, señalando que los recursos para la creación de nuevos órganos todavía no se precisan y que el análisis presupuestal se hará una vez aprobada la Ley de Ingresos por el Senado, prevista para finales de octubre.
Finalmente, Monreal enfatizó la obligación de los legisladores de honrar la confianza de la ciudadanía mediante la asistencia y participación activa en comisiones y sesiones, sin adelantar juicios sobre casos específicos de inasistencia o actividades paralelas durante las sesiones semipresenciales.
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