A doce meses de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que dejó un saldo de 32 personas muertas y cerca de un centenar de heridos, familiares de las víctimas y sobrevivientes denuncian impunidad, falta de justicia y la ausencia de personas procesadas penalmente por el siniestro.
A pesar de que los peritajes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinaron que el hecho derivó del exceso de velocidad y de omisiones de la empresa Transportadora Silza en la capacitación de personal y control de jornadas laborales, las autoridades catalogaron el hecho como un «error humano». En lugar de fincar responsabilidades penales contra directivos o imputados, la autoridad procedió al cierre de 143 acuerdos reparatorios con la compañía por 480 millones de pesos, de los cuales se ha pagado el 90% a los deudos.
Reserva de información y secuelas en las víctimas
La exigencia de justicia se ha visto obstaculizada por la decisión institucional de clasificar la carpeta de investigación y los videos del C5 como información reservada durante tres años. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, argumentó que la medida se fundamenta en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Transparencia para proteger el debido proceso mientras se concluyen los pagos de reparación.
En el sitio del accidente, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 tras la volcadura y fuga de un tanque con 50 mil litros de gas LP, los afectados enfrentan secuelas físicas, cirugías continuas y costos médicos. Asimismo, reportan que los apoyos económicos estatales han sido entregados «a cuenta gotas», al tiempo que tuvieron que movilizarse para exigir la limpieza del memorial que honra a los fallecidos debido al abandono de la zona.
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