La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado representa un retroceso al limitar derechos fundamentales y generar incertidumbre jurídica, lo que podría afectar la inversión y el empleo en el país.
El organismo empresarial reconoció algunos avances en el dictamen, como la inclusión del interés legítimo colectivo y la posibilidad de sancionar a autoridades que incumplan sentencias. No obstante, señaló que las modificaciones aprobadas mantienen restricciones que reducen la efectividad del juicio de amparo, una herramienta que históricamente ha protegido a ciudadanos y empresas frente a abusos de autoridad.
COPARMEX explicó que la reforma restringe la suspensión del acto reclamado, lo que limitará la protección inmediata en casos como bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, afectando la operación de negocios y con ello la estabilidad de miles de empleos.
Asimismo, cuestionó la limitación para garantizar créditos únicamente con depósitos en efectivo o cartas de crédito, dejando fuera la posibilidad de usar bienes inmuebles, prendas o negocios en marcha. Este esquema, advirtió, favorece solo a empresas con alta liquidez y perjudica a micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor de la economía nacional.
Otro punto señalado fue la amplitud de la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” que permitiría a las autoridades incumplir sentencias alegando falta de recursos presupuestales, debilitando con ello la eficacia del amparo como mecanismo de defensa.
El organismo empresarial calificó como “grave” la reincorporación de un transitorio que ordena la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a juicios en trámite y vulneraría principios constitucionales de certeza jurídica.
Ante este panorama, COPARMEX hizo un llamado a la Cámara de Diputados para revisar los cambios y corregir las disposiciones que, advirtió, ponen en riesgo la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho. Subrayó que el país necesita un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz que garantice justicia y certidumbre tanto para ciudadanos como para empresas.
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