El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados presentó una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de violar la Constitución al extender la difusión de su informe de gobierno más allá del plazo legal y convertirlo en una gira de carácter propagandístico.
Según la denuncia, la titular del Ejecutivo rebasó lo dispuesto en la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que limitan la difusión del informe a un periodo de siete días antes y cinco días después de su entrega, es decir, del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2025. No obstante, Sheinbaum emprendió una gira nacional a partir del 2 de septiembre, visitando más de 20 estados y convocando a un mitin en el Zócalo capitalino el 5 de octubre.
La queja sostiene que estas actividades implican el uso de recursos públicos en seguridad, logística, transporte, difusión institucional, espectaculares y spots en medios, lo que constituye una promoción personalizada prohibida por el artículo 134 constitucional.
El GPPAN recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha establecido en sentencias previas que la difusión de informes fuera del plazo legal es sancionable, al desnaturalizar la rendición de cuentas y generar ventajas indebidas frente a otros actores políticos.
La denuncia fue firmada por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, quien advirtió que la falta de medidas cautelares por parte del INE permitiría que continúen conductas que podrían afectar la equidad en la contienda política. “No podemos permitir que la investidura presidencial se utilice como plataforma de propaganda política”, expresó.
El PAN aclaró que no busca impedir la rendición de cuentas, sino garantizar que se realice dentro del marco constitucional. “La ley es clara y debe cumplirse por todas y todos, incluyendo a quien ocupa la Presidencia de la República”, señaló el grupo parlamentario.
Acción Nacional reiteró su compromiso con la defensa de la legalidad, la imparcialidad y la equidad en la vida democrática del país, al enfatizar que el respeto a la Constitución es la base del sistema político mexicano.
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