Las y los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron actos de persecución política contra su dirigente nacional, Alejandro Moreno, durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro.
El legislador Emilio Suárez Licona afirmó que Moreno es víctima de “señalamientos infundados” impulsados desde el poder. Señaló que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reconoció en una entrevista no contar con elementos legales para aplicar la extinción de dominio sobre la propiedad de una persona cercana al dirigente, por lo que optó por un proceso de expropiación.
“El gobierno de Morena busca perjudicar a un dirigente nacional que ha alzado la voz para que se aclaren los vínculos de varios de sus integrantes con el crimen organizado”, sostuvo Suárez Licona.
El priista advirtió que estas prácticas afectan la confianza de inversionistas, erosionan las instituciones y tienen impacto en la economía nacional al incrementar la deuda y limitar el crecimiento económico.
Por su parte, el diputado Samuel Palma destacó la importancia de mantener controles y equilibrios en el ejercicio del poder, al advertir que cuando estos desaparecen se corre el riesgo de un régimen autoritario.
“Cuando se avasalla a opositores, cuando se persigue a líderes de otros partidos y muy específicamente en este caso al presidente del PRI, Alejandro Moreno, de forma arbitraria y abusiva, lo que se está mandando es un mensaje de intolerancia hacia la crítica”, expresó.
Los diputados priistas coincidieron en que estas acciones representan un deterioro institucional y enviaron un mensaje de alerta sobre la situación política del país.
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