El gobierno de Canadá presentó una iniciativa legislativa para impedir que menores de 16 años abran cuentas en plataformas digitales. La medida se articula a través de la Ley de Redes Sociales Seguras, identificada en el proceso parlamentario como C-34, la cual contempla nuevas obligaciones para las corporaciones tecnológicas.
El ministro de Identidad y Cultura, Marc Miller, encabezó la presentación del proyecto. La justificación de la política pública se centra en la contención de riesgos asociados al ciberacoso, la explotación sexual infantil, las autolesiones y los problemas de salud mental entre la población menor de edad.
Los indicadores oficiales documentados por Statistics Canada señalan que uno de cada cuatro jóvenes de entre 12 y 17 años reportó haber sido víctima de ciberacoso. Paralelamente, los servicios policiales del país registraron 16 mil 905 incidentes de explotación sexual infantil en línea durante 2024.
Disposiciones y alcance tecnológico
El marco normativo establece la prohibición general de cuentas para el segmento demográfico menor a 16 años. Sin embargo, el documento estipula que las corporaciones podrán solicitar una exención regulatoria si demuestran la implementación de medidas de seguridad eficaces desde el diseño de sus productos.
Las regulaciones complementarias, integradas en la Ley de Seguridad Digital, extenderán su jurisdicción sobre servicios de streaming, plataformas de contenido para adultos y chatbots de inteligencia artificial. Estos servicios deberán etiquetar contenidos sintéticos y bloquear material vinculado a deepfakes sexuales.
Mecanismos de supervisión institucional
Para garantizar la aplicación y el cumplimiento de estas disposiciones, la propuesta gubernamental prevé la conformación de la Comisión de Seguridad Digital. Este nuevo organismo independiente contará con facultades legales para solicitar informes, ejecutar auditorías e imponer sanciones.
Con el avance de esta iniciativa parlamentaria, Canadá se incorpora a la agenda internacional de restricciones digitales. Australia ejecutó el primer marco prohibitivo, mientras naciones como Francia, España, Dinamarca y distintos estados de México y Estados Unidos mantienen proyectos en fases de análisis.
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