La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, presentará el próximo 6 de agosto un proyecto de resolución que propone ordenar la traducción íntegra al zapoteco de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género (LEAMVLV) en Oaxaca, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia para mujeres indígenas.
La iniciativa responde a un recurso presentado por María Fernanda Hernández Morales, mujer zapoteca que denunció la omisión de las autoridades estatales en difundir esta legislación en lenguas originarias. El caso fue previamente atendido por la jueza Claudia Citlali Fuentes Flores, quien reconoció la vulneración de derechos, aunque su fallo solo ordenó la traducción de un resumen en zapoteco del Valle.
Argumentos constitucionales e internacionales
En su propuesta, la ministra Batres argumenta que el artículo 4° constitucional garantiza el derecho a vivir sin violencia, con énfasis en la protección de los derechos de las mujeres. Asimismo, cita el marco jurídico internacional que obliga al Estado mexicano a erradicar prácticas discriminatorias y a garantizar la igualdad sustantiva, particularmente hacia los pueblos originarios.
Batres subraya que la violencia de género representa una de las formas más graves de discriminación y que esta situación se agrava cuando las mujeres no pueden acceder a información legal en su lengua materna.
Participación institucional y enfoque intercultural
El proyecto propone que la traducción completa de la ley sea realizada con la participación de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas (SIPCIA), la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (Semujeres) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Además, se contempla la creación de materiales jurídicos accesibles, que fortalezcan la comprensión de los derechos de las mujeres desde un enfoque intercultural.
Potencial precedente para otras comunidades
De ser aprobado con al menos cuatro votos de la Segunda Sala de la SCJN, el proyecto podría sentar un precedente histórico al reconocer la obligación del Estado de traducir leyes fundamentales a lenguas indígenas. Esta decisión no solo impactaría a las comunidades zapotecas, sino que podría abrir la puerta para que otros pueblos originarios exijan el mismo derecho en sus territorios.
La resolución también reforzaría el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos lingüísticos y de protección a mujeres indígenas, a los que México está suscrito. Hasta ahora, no existe un precedente en el que se haya ordenado la traducción íntegra de una ley estatal a una lengua originaria como parte del derecho de acceso a la justicia.
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