La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de queja presentado por el ayuntamiento de Acapulco, el cual acusa a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero de haber violado una suspensión previamente otorgada para frenar una investigación sobre el uso de casi 900 millones de pesos durante la gestión de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
El recurso fue admitido el pasado 18 de abril por la comisión de receso de la SCJN, integrada por el ministro Javier Laynez Potisek, tras recibir un oficio enviado por el síndico procurador del municipio.
Alegan incumplimiento de suspensión
En el documento, el ayuntamiento sostiene que la Auditoría estatal no respetó la suspensión concedida por la Corte el 25 de junio, en el marco de la controversia constitucional 174/2025. Dicha medida cautelar ordenaba frenar el procedimiento que investiga el destino de recursos federales durante la administración actual.
A pesar de la suspensión, el 26 de junio, personal de la Auditoría acudió al Ayuntamiento de Acapulco para notificar a la alcaldesa sobre la admisión del informe relacionado con su presunta responsabilidad administrativa, lo cual fue considerado por el municipio como una transgresión directa a la resolución de la SCJN.
Controversia aún en etapa de instrucción
«Por lo anterior y considerando los efectos del auto de suspensión aludido y que la controversia constitucional aún se encuentra en etapa de instrucción, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el Ayuntamiento de Acapulco», informó la Suprema Corte en un comunicado oficial.
La controversia constitucional fue promovida por el municipio el pasado 25 de mayo, con el objetivo de detener la investigación relacionada con 898 millones de pesos de origen federal, cuyo uso está siendo revisado por la Auditoría guerrerense.
Acusaciones de inconstitucionalidad
La administración municipal encabezada por la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez calificó como “inconstitucional e inválido” el informe presentado por la Auditoría. Además, solicitó al Congreso del Estado de Guerrero que detuviera tanto el inicio como el avance del procedimiento administrativo en su contra.
Hasta el momento, la controversia permanece en análisis dentro de la Corte y no se ha determinado una resolución definitiva sobre la validez del procedimiento iniciado por la Auditoría estatal ni sobre el destino de los recursos observados.
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