El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU dictaminó que la detención y condena a 25 años de prisión de cinco activistas indígenas en Chiapas violó el derecho internacional, por lo que instó al gobierno mexicano a liberarlos e indemnizarlos. El caso se refiere a los tseltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco.
Los cinco hombres fueron detenidos entre mayo y junio de 2022, acusados del homicidio de una persona que, según reportes, fue retenida por pobladores del municipio de San Juan Cancuc al no pagar una “multa” para ingresar. El hombre fue golpeado y murió horas después. Los activistas fueron condenados en mayo de 2023, y al repetirse el juicio en abril de 2024, se ratificó la misma pena.
ONU señala irregularidades en el proceso
El grupo de expertos de la ONU, en una resolución adoptada el 4 de abril y publicada recientemente, consideró que el proceso judicial incumplió con estándares internacionales, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Destacó que los detenidos no fueron presentados ante un juez de forma inmediata y que se reportaron desapariciones forzadas temporales tras el arresto.
Además, los cinco indígenas, pertenecientes al pueblo maya tseltal, habían participado en movimientos de defensa de derechos humanos y del territorio. En especial, Santiz Cruz presidía un comité local que se oponía a la construcción de una carretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, así como a la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército en la región.
Petición no vinculante, pero con respaldo internacional
En su decisión, el grupo de la ONU solicitó que México libere de inmediato a los activistas, les otorgue reparaciones e indemnizaciones, e investigue las circunstancias de su detención. Aunque su resolución no es jurídicamente vinculante, tiene valor normativo dentro del sistema internacional de derechos humanos.
El grupo de trabajo está presidido por la exjueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ganna Yudkivska y compuesto por juristas de Nueva Zelanda, Ecuador y Zambia. Su mandato es revisar casos de privación de libertad que pudieran ser arbitrarios o contrarios al derecho internacional.
Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial respecto a la resolución. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido al Estado acatar la recomendación y cesar las prácticas que criminalizan a defensores indígenas en la región.
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