La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, informó este jueves que las agresiones contra activistas en México persisten a pesar de las estrategias gubernamentales. Ante este escenario, la experta solicitó un incremento en las medidas de seguridad y el reconocimiento oficial de las personas buscadoras como defensores de derechos humanos.
«Durante los seis años de mi mandato he recibido innumerables informes sobre graves agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en México, y lamentablemente persisten preocupaciones sobre la continuidad de esos ataques», señaló Lawlor a través de un comunicado oficial.
Riesgos específicos en Chiapas
La relatora identificó al estado de Chiapas como una de las zonas de mayor vulnerabilidad, debido a la convergencia de intereses entre el crimen organizado, sectores de la autoridad pública y grandes corporaciones. Lawlor recordó casos críticos como los homicidios del sacerdote indígena Marcelo Pérez (2024) y del activista Simón Pedro Pérez (2021), además de reportes sobre detenciones arbitrarias y allanamientos en centros de defensa.
En su diagnóstico, instó a los tres niveles de gobierno a reafirmar su compromiso con el sector y atender las causas estructurales de la desigualdad y la injusticia en el país. Asimismo, reveló que mantiene comunicación con el gobierno federal para buscar alternativas legales para activistas detenidos de manera arbitraria.
Contexto diplomático y tensiones
La declaración de Lawlor ocurre de forma simultánea a la visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Su postura se presenta en un momento de tensión diplomática, luego de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum calificara como «tendencioso» un comunicado previo del organismo internacional sobre la crisis de desaparecidos en territorio nacional.
La experta concluyó su mensaje invitando al Estado mexicano a fortalecer los mecanismos de protección existentes y a validar el trabajo de las familias que realizan labores de búsqueda de familiares desaparecidos, integrándolas plenamente en el marco de protección para personas defensoras de las libertades fundamentales.
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