Una magistrada federal en funciones y en campaña para reelegirse deberá resolver la liberación de dos presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, señalados como responsables de una de las fosas clandestinas más grandes encontradas en Guanajuato, donde se recuperaron 81 cuerpos. La funcionaria, Luz Elba de la Torre Orozco, forma parte del proceso electoral interno del Poder Judicial, cuya votación se realizará el próximo 1 de junio.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato presentó evidencias contra Carlos Manuel Calderón Cardoso y Julio César Zamudio Villagómez por su presunta participación en el caso. Sin embargo, en enero pasado, una resolución de la magistrada Gabriela Berenice Pinedo Amador, de la Cuarta Sala del Tribunal del Estado, suspendió la orden de aprehensión y ordenó su liberación.
Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), que representa a una de las familias de las víctimas, la liberación se decretó sin notificación previa a las familias, lo que consideran una violación al derecho de acceso a la justicia y a su participación en el proceso judicial.
La fosa fue localizada en octubre de 2020 en un predio de 600 metros cuadrados en el Barrio de San Juan, en el municipio de Salvatierra. Las autoridades realizaron 65 excavaciones para recuperar un total de 81 cuerpos, tras una denuncia anónima recibida por los padres de Guadalupe Barajas Piña, una joven desaparecida en febrero de ese mismo año.
Las primeras pistas sobre el paradero de la joven llegaron en llamadas anónimas en marzo y junio de 2020, en las que se mencionó a sujetos conocidos como “El Grillo” y “El Chore”, así como la ubicación del predio donde supuestamente fue sepultada.
El hallazgo se concretó el 20 de octubre de 2020, cuando la Comisión Estatal de Búsqueda localizó la fosa. Las labores de recuperación y peritaje concluyeron en noviembre de ese año.
En mayo de 2021, Francisco Javier Barajas, hijo de los maestros María del Tránsito Piña y Javier Barajas, fue asesinado presuntamente en represalia por el caso. La familia, tras recibir amenazas, abandonó su domicilio en Salvatierra.
La magistrada De la Torre Orozco deberá emitir una resolución sobre el caso en medio del proceso para refrendar su cargo, lo que mantiene en suspenso una posible reactivación de las órdenes de aprehensión contra los señalados por la fiscalía.
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