El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que su bancada rechazará el intento de desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al argumentar que los señalamientos en su contra no configuran el delito de traición a la patria.
El líder parlamentario explicó que las imputaciones sobre presuntas operaciones de inteligencia extranjera en la entidad no encuadran en los supuestos del artículo 123 del Código Penal. Según Moreira, el amago oficialista opera como un distractor frente a los recientes reportes negativos de las agencias calificadoras sobre las finanzas públicas.
Vacíos en normativa electoral
En el terreno legislativo, el diputado descalificó la nueva propuesta del Ejecutivo federal para blindar los comicios. Calificó el proyecto de integridad electoral como «notoriamente insuficiente», al señalar que otorgar nuevas atribuciones a las autoridades civiles no detendrá la intervención territorial de los grupos delictivos.
La bancada priista denunció que la iniciativa contiene omisiones intencionales al no plantear protocolos de actuación ante el asesinato de candidatos punteros. Asimismo, criticó la falta de mecanismos institucionales para evitar el registro forzoso de candidaturas únicas dictadas por la coacción armada, señalando anomalías estadísticas recientes a favor del oficialismo en municipios de alta volatilidad.
Al evaluar el clima político, Moreira Valdez contrastó la ofensiva contra los gobiernos estatales de oposición con el hermetismo de figuras oficialistas bajo sospecha. Cuestionó específicamente la ausencia pública del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza, quienes, afirmó, evitan el escrutinio de la prensa cobijados por la Presidencia de la República.
«Cualquiera que es imputado de algo falso viene aquí y pide una audiencia con ustedes y presenta pruebas de descargo», reclamó el coordinador respecto a la negativa de los actores señalados para transparentar su situación legal.
Finalmente, el legislador alertó que la mayoría parlamentaria prepara una regulación en materia de derechos de la audiencia, advirtiendo que este instrumento normativo buscará restringir la libertad de expresión de las empresas de comunicación.
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