El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que se espera una segunda sentencia en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como parte de un proceso civil relacionado con el desvío de recursos públicos mediante una red de empresas. Esta red habría operado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Apenas un día antes, una Corte Civil en Miami ordenó a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano. Además, se decretó la entrega de bienes asegurados en Estados Unidos con un valor superior a 12 millones de dólares, que actualmente están bajo administración del gobierno mexicano.
Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Gómez explicó que la jueza de la Corte de Florida está próxima a emitir una nueva resolución, la cual podría incluir implicaciones legales para diversas empresas presuntamente utilizadas por García Luna para transferir y ocultar fondos. Estos recursos provendrían de 30 contratos adjudicados entre 2009 y 2018 por un monto de 625 millones de dólares y 93.8 millones de pesos.
Aunque no se tiene una fecha definida para este nuevo fallo, el titular de la UIF señaló que podría derivar en un acuerdo con las empresas demandadas o incluso en la formación de un jurado para continuar el proceso. “El proceso no ha terminado. Vendrá una nueva sentencia y, como en el primer caso, el Gobierno de México informará oportunamente a la opinión pública”, indicó.
En paralelo, Gómez recordó que en México continúa abierto un proceso penal contra García Luna y otras personas vinculadas, con múltiples órdenes de aprehensión vigentes. Añadió que se mantienen conversaciones con algunos implicados para lograr su colaboración y esclarecer completamente la operación de la red de corrupción.
El funcionario también criticó una resolución judicial reciente en México, mediante la cual un tribunal colegiado otorgó un amparo a Cristina Pereyra, permitiéndole continuar utilizando el sistema financiero nacional. “Tenemos un gran problema judicial que también debemos resolver. Esta es una oportunidad histórica para desmontar la estructura del viejo Estado corrupto”, afirmó.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la reciente sentencia en Estados Unidos como un triunfo del pueblo mexicano. “Se confirma el modus operandi de García Luna para utilizar recursos públicos en beneficio privado, incluso después de haber dejado el cargo”, señaló.
La mandataria lamentó que durante el juicio penal en Estados Unidos no se abordaran los negocios de García Luna tras dejar el servicio público, aspecto que ahora fue reconocido por la vía civil. Añadió que los contratos adjudicados en su momento presentaban sobrecostos y estaban vinculados directa o indirectamente al exfuncionario y su esposa.
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