La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado urgente a las autoridades federales para garantizar la estabilidad estructural del Tren Maya, tras los reportes de posibles hundimientos en los pilotes del Tramo 5. La legisladora subrayó que es una responsabilidad «indeclinable» del Ejecutivo informar con transparencia sobre los trabajos de apuntalamiento que realiza el Ejército en zonas de cavernas y cenotes.
López Rabadán enfatizó que la seguridad de la obra debe basarse en rigor técnico y no en tiempos políticos, recordando que eventos previos en el sector ferroviario han tenido costos humanos. Según la diputada, el derecho de la ciudadanía a la información es fundamental para salvaguardar la vida de los usuarios y garantizar que el proyecto cumpla con los más altos estándares de ingeniería internacional.
Alerta por facultades de la UIF
En el ámbito jurisdiccional, la diputada presidenta expresó su rechazo a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional la inmovilización de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin necesidad de una orden judicial previa. López Rabadán calificó la medida como una violación directa a los derechos constitucionales y un retroceso en comparación con criterios emitidos por la Corte en 2018.
La legisladora advirtió que esta disposición otorga una facultad discrecional que podría afectar de manera desproporcionada a empresas y trabajadores. «Bloquear cuentas sin una resolución judicial viola la Constitución y lastima el patrimonio de familias que dependen de esos ingresos para su sustento diario», señaló, al contrastar la postura actual del máximo tribunal con su papel histórico como contrapeso.
Impacto en la certidumbre jurídica
La crítica desde la Mesa Directiva de San Lázaro apunta a un escenario de vulnerabilidad para el sector productivo. De acuerdo con el análisis legislativo, el proceso de congelamiento de recursos bajo «simple sospecha» genera un estado de indefensión donde el error administrativo podría tardar meses o años en resarcirse, provocando el cierre de negocios y la pérdida de empleos antes de que se demuestre cualquier ilícito.
Finalmente, la diputada instó a que las instituciones actúen con previsión para evitar que las políticas de fiscalización y los proyectos de infraestructura se conviertan en factores de riesgo social. La exigencia de peritajes externos para el Tren Maya y la revisión de los alcances legales del bloqueo de cuentas se perfilan como los puntos de mayor tensión en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo durante la presente semana.
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