La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la sentencia de 35 años de prisión impuesta a Daniel García Rodríguez, cuya causa escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso, que involucró una condena por el asesinato de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en 2001, llevó a la CIDH a dictar una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por violar derechos del acusado, particularmente por su prolongada prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana también ordenó a México legislar para evitar la repetición de esta práctica.
El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien será responsable de elaborar un proyecto que se presentará a la Primera Sala de la SCJN. Dicho proyecto podría resultar en la ratificación o anulación de la sentencia dictada el 17 de marzo de 2023 por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, que había condenado a García Rodríguez por el asesinato de la regidora. García Rodríguez fue detenido en febrero de 2002 y permaneció más de 17 años en prisión preventiva.
El caso se ha convertido en un tema clave debido a su vinculación con una sentencia de la CIDH en el «caso García Rodríguez y otro vs. México», cuya jurisprudencia es de carácter vinculante para el Estado mexicano. Este hecho ha llevado a que la SCJN atraiga la revisión del caso, a solicitud del Tribunal Colegiado, para resolver los problemas legales derivados de esta condena y su relación con los derechos humanos.
Aunque la sentencia de 35 años de prisión aún no es firme, ya que García Rodríguez interpuso un amparo directo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México, el proceso ha cobrado relevancia debido a su implicación en la reforma de la aplicación de la prisión preventiva. La SCJN deberá tomar en cuenta tanto el caso específico de García Rodríguez como las implicaciones más amplias para la jurisprudencia en México sobre esta medida cautelar.
La Corte también tiene pendiente resolver otro proyecto relevante, presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propone la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México, con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en el mismo caso. Esta propuesta podría tener un impacto significativo en la forma en que el sistema judicial mexicano maneja la prisión preventiva.
La resolución final de la SCJN sobre este caso no solo podría afectar la condena de García Rodríguez, sino también sentar un precedente importante sobre la aplicación de la prisión preventiva y los derechos humanos en México. Las decisiones tomadas por la Corte en este proceso tendrán implicaciones para el sistema judicial y la legislación mexicana, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales de los acusados.
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