La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió un debate intenso luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitara el retiro de un proyecto que resolvería un tema fiscal. La ministra argumentó que era necesario un análisis financiero antes de que el tribunal tomara una decisión sobre la inconstitucionalidad del doble cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en mercancías de importación temporal. Su solicitud fue rechazada por varios de sus compañeros ministros.
El proyecto, que resolvería una contradicción de criterios, fue presentado por la ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa. De acuerdo con Batres, invalidar la norma en cuestión podría representar pérdidas de entre 46 mil y 250 mil millones de pesos para el erario público. Sin embargo, ministros como Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Loretta Ortiz Ahlf se pronunciaron en contra de la propuesta de Batres, argumentando que el impacto financiero no debe ser un factor determinante para decidir la constitucionalidad de una norma.
Ortiz Ahlf enfatizó que México tiene compromisos internacionales que obligan a eliminar el doble cobro de impuestos y que la demora en resolver el tema afecta la certeza jurídica para mercados e inversionistas. «Nosotros tenemos la capacidad suficiente. Por eso fuimos nombrados ministros de la Suprema Corte, para resolver este asunto y, en mi caso particular, yo sí tengo la capacidad y competencias para resolverlo ahorita», afirmó Ortiz.
Por su parte, Laynez Potisek cuestionó la postura de Batres al señalar que la constitucionalidad de una norma no debe medirse por su impacto financiero. «¿Entonces si hay un gran impacto, la norma es constitucional? ¿O si el impacto es menor, pues pudiéramos declararla inconstitucional? Con todo respeto, yo nunca compartiría como juez constitucional tal petición», expresó el ministro.
En respuesta, Batres hizo referencia a la resolución reciente de la Segunda Sala sobre un amparo contra los cobros de inscripción en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se consideró la insuficiencia presupuestal de la institución. «La UNAM merece respeto de su presupuesto, de la posible merma de cinco mil pesos», comentó con ironía.
Finalmente, la ministra Esquivel retiró el proyecto, pero aclaró que no lo hizo a petición de Batres, sino para revisar los comentarios que le hicieron llegar los ministros Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Además, rechazó la idea de incluir consideraciones financieras en el análisis del caso, argumentando que esos temas competen a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
«Anticipo que tampoco estaría de acuerdo en añadir al proyecto la valoración de posibles escenarios catastróficos a nivel nacional como lo solicita la ministra Batres», concluyó Esquivel Mossa.
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