A menos de seis meses de la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025, solo 11 de las 32 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, han modificado su legislación local para someter a voto popular a jueces y magistrados. Este proceso busca alinear a los estados con la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
De los 11 estados que han aceptado esta medida, solo los congresos de Campeche, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco y Aguascalientes han aprobado y publicado la reforma correspondiente. En contraste, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y San Luis Potosí han aprobado el marco legal, pero aún no lo han publicado, según informó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel.
La reforma judicial establece que el 1 de junio del próximo año se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. También se designarán dos magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral y otros magistrados de salas regionales.
Adicionalmente, ese mismo día, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) deberán llevar a cabo las elecciones para designar jueces y magistrados en los estados que hayan armonizado su legislación con la reforma federal.
Durante una sesión de la Comisión Temporal del INE encargada de los comicios judiciales 2024-2025, se informó que los trabajos de organización avanzan sin riesgos, a pesar de los casi tres meses de impasse ocasionado por suspensiones judiciales. Las autoridades electorales aseguran que el proceso extraordinario no se verá comprometido.
Según el informe presentado, entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre se contemplaron 378 actividades. De estas, 16 ya han concluido, 95 están en proceso y 267 aún no inician. Esto representa un 60.64% de actividades pendientes. No obstante, el INE afirmó que ninguna de las tareas enfrenta riesgo de incumplimiento.
La reforma judicial impulsada por Morena tiene como objetivo democratizar la selección de jueces y magistrados. Sin embargo, la disparidad en el avance de reformas locales podría afectar la aplicación homogénea del proceso en todo el país.
El cumplimiento de los plazos dependerá de que los congresos estatales agilicen la aprobación y publicación de las reformas locales pendientes para garantizar la participación ciudadana en la elección judicial.
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