La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 316 votos a favor y 123 en contra, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La modificación legislativa avanza ahora a la discusión de las reservas presentadas en el Pleno por los distintos grupos parlamentarios.
El proyecto legislativo determina la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas como un órgano permanente del Instituto Nacional Electoral. Esta nueva instancia funcionará como enlace formal para someter los perfiles de los aspirantes a un análisis de riesgo enfocado en detectar posibles actividades delictivas.
A pesar de su objetivo de escrutinio, el mecanismo operará bajo un esquema estrictamente voluntario para los partidos políticos y para las personas que aspiren a una candidatura independiente. La autoridad electoral remitirá la información a las dependencias gubernamentales pertinentes sin que el sometimiento a esta revisión constituya un requisito obligatorio para obtener un registro oficial.
Mecanismo de evaluación interinstitucional
Las revisiones de los perfiles recaerán en las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera. Estas dependencias, entre las que figuran la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, se encargarán de determinar exclusivamente la existencia o inexistencia de un riesgo razonable.
Una vez concluido el procedimiento de revisión, la comisión electoral notificará a los partidos políticos únicamente el número y tipo de instancias que identificaron alertas, sin señalar el asunto específico del que se derive el riesgo. Esta restricción informativa tiene el objetivo institucional de preservar la presunción de inocencia y salvaguardar el debido proceso procesal de los aspirantes evaluados.
Responsabilidad recae en los partidos
La redacción de la normativa traslada la responsabilidad final de la postulación a las dirigencias de cada organización política. Serán los partidos políticos quienes, con base en la información proporcionada por la comisión, determinarán sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas.
Paralelamente, el dictamen estipula que si las dependencias federales encuentran información relevante durante estos cruces de datos, iniciarán o continuarán con las investigaciones correspondientes de acuerdo a sus atribuciones legales. Esta disposición aplicará con independencia de la decisión electoral que tomen los partidos sobre sus abanderados.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.